SANTO DOMINGO.-La Contraloría General de la República (CGR) está entre las 24 instituciones gubernamentales que han
registrado mayores avances en la profesionalización, planificación y
capacitación de sus colaboradores.
Esas
conclusiones se extraen del puntaje de 90% obtenido por la CGR en la evaluación
del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) que mide el
cumplimiento de la ley 41-08 de Función Pública.
El
Ministerio de Administración de Pública (MAP) utiliza un barómetro que mide las
ejecutorias de cada institución para determinar en qué porcentaje se cumple la
ley 41-08, representado por los colores verde, amarillo y rojo, que indican los
puntos trabajados, lo que aún está en proceso y los aspectos por trabajar,
respectivamente.
El
SISMAP es un sistema desarrollado por el referido Ministerio para evaluar y
monitorear el nivel de avance de la Administración Pública mediante
indicadores.
Los
criterios definidos por el MAP para realizar la medición son planificación;
organización del trabajo y de la función de recursos humanos; gestión del
empleo; del rendimiento; de la compensación; de las relaciones humanas y
sociales; y calidad.
Según
el MAP, de esos puntos se desprenden 34 indicadores los cuales forman parte del
Barómetro sobre Servicios Civiles, un instrumento diseñado por el Banco
Interamericano del Desarrollo (BID) para evaluar a los países de Latinoamérica.
Las
informaciones contenidas en el SISMAP están publicadas en el portal www.map.gob.do,
a disposición de la ciudadanía. Allí pueden verificar los niveles de
cumplimiento de la Ley de Función Pública de cualquier institución estatal.
Según el MAP, esta disposición cumple con los acuerdos asumidos por el Gobierno
a través de la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC).
Ley
41-08. La ley No. 41-08 sobre Función Pública, “tiene
por objeto regular las relaciones de trabajo de las personas designadas por
autoridad competente para desempeñar los cargos presupuestados para la
realización de funciones públicas en el Estado, los municipios y las entidades
autónomas, en un marco de profesionalización y dignificación laboral de sus
servidores”, según lo establece su artículo 1.
